Licencia: Creative Common Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

Revista: Información Comercial Española, Revista de Economía

Editor: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

ISSN: 0019-977X

ISSN-L: 2340-8790

Número: 938

Periodo: Enero-Febrero-Marzo

Año: 2025

DOI: https://doi.org/10.32796/ice.2025.938.7891

Sección: MONOGRÁFICO

Publicado: 31-03-2025

Versión de enero de 2025.

Páginas: 113-130

Cómo citar: Ballestero, F. (2025). La transformación digital y el coste de los ciberataques. De mejorar la protección a reforzar la ciberresiliencia. Información Comercial Española (ICE), Revista de Economía, (938), 113-130. https://doi.org/10.32796/ice.2025.938.7891

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Fernando Ballestero

Doctor en Economía. Técnico Comercial y Economista del Estado. Exmiembro del Consejo de la OCDE. Expresidente del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid.

La transformación digital y el coste de los ciberataques. De mejorar la protección a reforzar la ciberresiliencia

En paralelo a la transformación digital, los ciberataques han ido cambiando. Se hace un repaso de cuáles son en el momento actual los más relevantes, se analizan los costes que generan y, aunque es imposible saber con exactitud la cifra de ataques, se hace una estimación del número de ellos que se produce en España al año. Se analiza cómo ha ido cambiando el enfoque para hacer frente a este grave reto, de centrarse en la protección a lograr una ciberresiliencia, y se concluye destacando en qué puntos se debe insistir.

Palabras clave: evolución, ciberincidencias, número ciberataques, enfrentarse reto cíber.

JEL: 032, 033, 038.

Digital transformation and the cost of cyberattacks. From improving protection to strengthening cyber resilience

In parallel to digital transformation, cyber-attacks have been changing. A review is made of which are currently the most relevant, the costs they generate are analyzed, and although it is impossible to know the exact number of attacks, an estimate is made of the number of attacks that occur in Spain each year. We analyze how the approach to face this serious challenge has been changing, from focusing on protection to achieving cyber-resilience, and we conclude by highlighting the points that need to be emphasized.

Keywords: evolution, cyber incidents, number of cyber attacks, cyber challenge.

1. Introducción

Estamos viviendo un intenso proceso de transformación digital. El uso de tecnologías digitales en la actividad económica y en las relaciones sociales es algo necesario e irreversible. Pero hay un sector de la sociedad, pequeño pero muy potente, que ha encontrado en esta transformación una gran oportunidad para obtener grandes beneficios, con procedimientos ilícitos: la ciberdelincuencia. Su grado de innovación y sofisticación, y la dificultad para combatirla, hacen que sea una amenaza creciente.

Hace quince o veinte años, la probabilidad de que una pequeña empresa o un ciudadano corriente fuera víctima de un ciberataque era bajísima. Hoy, lo que es bajísimo es la probabilidad de que no suframos algún tipo de ataque en los próximos meses. Y eso que en muchos casos no se es consciente de haber sufrido un ataque, exitoso, hasta meses después de sufrirlo y que, en parte por ello, muchos no son conscientes de esta realidad.

Pero al mismo tiempo, esta realidad está produciendo un cambio importante en el modo de afrontar el problema. De pensar solo en cómo mejorar algo la protección, se va enfocando el objetivo en cómo conseguir un nivel aceptable de ciberresiliencia, para poder continuar con nuestras actividades sin sobresaltos costosos.

En este artículo analizaremos cómo han ido evolucionando los ciberataques en paralelo a la transformación digital que se está produciendo, destacando cuáles son los ataques más comunes en el momento actual, sus impactos y su coste, y cómo está cambiando en España la manera de hacer frente a este problema tan real, tan grave y tan actual.

2. Los ciberataques y la ciberdelincuencia en el momento actual

El origen y la evolución de los ciberataques

Un programa informático, con unas instrucciones precisas, permite que un ordenador ejecute unas tareas sustituyendo lo que de otro modo tendrían que hacer una o varias personas dedicándole mucho tiempo. Más aún, las técnicas de machine learning y la inteligencia artificial (IA) permiten hoy que el propio ordenador opte por llevar a cabo las tareas que considere más eficaces, entre diferentes opciones posibles.

En los periodos iniciales de la informática y la programación, los propios expertos que programaban intentaron ver si sería posible introducir en un ordenador un nuevo programa externo que modificara las instrucciones implementadas redirigiendo alguna tarea, sin que el conjunto del ordenador y el sistema se viera afectado. Nació así el primer «virus informático», en un laboratorio. Desde entonces, ese reto inicialmente técnico fue desbordándose, convirtiéndose, primero, en un reto personal para los apasionados de la informática y, años después, en una fuente de negocio ilícito.

Forma parte de la historia que el primer programa creado para ser introducido en un ordenador para modificar sus instrucciones fue el conocido como creeper (enredadera) en 1972, creándose también el primer antivirus con el nombre de reaper (podadora), que inutilizaba al anterior. Años después, un adolescente norteamericano diseñaría un programa que le permitía ganar en los juegos a su ordenador. Poco a poco las innovaciones iban surgiendo y, tras un periodo en el que las intrusiones en ordenadores ajenos se producían porque jóvenes se retaban por ver quién era capaz de introducirse en el software de una institución relevante, fueron apareciendo los primeros robos de información y suplantación de correos electrónicos, hasta que la actividad de «hackear» fue transformándose, convirtiéndose en un negocio de gran rentabilidad y bajo riesgo (Ballestero, 2020)1.

Desde entonces, ya entrados en los años 2000, la ciberdelincuencia ha ido evolucionando y sofisticándose, siendo la pandemia del coronavirus una oportunidad para aumentar sus negocios, debido al aumento del uso de internet para comprar, teletrabajar y comunicarse, muchas veces sin aplicar los usuarios unas mínimas medidas de seguridad.

En paralelo a la continua innovación tecnológica, aplicada también por la ciberdelincuencia, se han producido además dos hechos: el desarrollo de la dark web, o web oscura, donde amparándose en el anonimato se pueden hacer operaciones ilegales; y el abuso por parte de los ciberdelincuentes de la utilización de criptomonedas para materializar el pago de muchas de estas operaciones, al margen así de los controles de las autoridades monetarias de todos los Estados. Estos factores han contribuido a que en el momento actual nos encontremos con una ciberdelincuencia muy bien organizada y tecnológicamente muy avanzada, operando en todos los países y con unos mercados ilegales vinculados a sus operaciones muy amplios y sin fronteras.

Esto se materializa en que haya organizaciones criminales que tienen establecida una estructura de «franquiciados» o «afiliados», de tal manera que cualquiera con capacidad para «facilitar» una intrusión o cualquier tipo de ciberdelito en una empresa o institución que conozca bien y, por supuesto, dispuesto a delinquir para ello, puede convertirse en afiliado de una organización criminal que, a cambio de ese conocimiento, le aporta el soporte técnico para llevar a cabo la operación delictiva. Un caso conocido es el de la organización LockBit, líder en los ataques de ransomware en el mundo y responsable, entre otros, del ataque que sufrió el Ayuntamiento de Sevilla en septiembre de 2023.

En esa línea, y en paralelo al desarrollo de los servicios de apoyo externo de software a las empresas del tipo de SaaS (Software as a Service), se han ido ya consolidando, en el mundo de la ciberdelincuencia, actividades como RaaS (Ransomware as a Service), PaaS (Phishing as a Service) y análogos en campañas desarrolladas por grupos maliciosos. Al mismo tiempo, los delincuentes han ido incorporando tecnologías innovadoras incluyendo el uso de la IA. De hecho, según el último informe de NTT DATA del primer semestre de 2024 (NTT DATA, 2024a), entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024 se produjo un incremento en el uso de la IA generativa del 600 %, materializándose en el desarrollo de malware, campañas de ingeniería social y generación de perfiles falsos para ejecutar campañas de espionaje industrial, entre otras. Y en 2025, sin duda, aumentará más.

A este panorama se ha unido, estos últimos años, la utilización más intensa de internet con fines políticos por parte de activistas o de grupos de interés, generando ataques a instituciones o empresas que consideran objetivo. Sin duda, la utilización de ciberataques en el ámbito de la defensa, en conflictos entre países, siempre ha estado ahí, pero estos últimos años, con la guerra de Ucrania y el caso de Gaza y Líbano, se ha producido un aumento de ataques de ciberactivistas, sobre todo de bloqueo a páginas web.

En definitiva, en el momento actual, a finales de 2024, las empresas, las instituciones y, en menor medida, los ciudadanos como usuarios, hemos de tener en cuenta que, en la transformación digital que estamos viviendo, la delincuencia organizada ha encontrado una buena fuente de negocio, usando tecnologías cada vez más sofisticadas, por lo que el riesgo de un ciberataque es alto y hay que tenerlo en consideración.

La Figura 1 refleja, de modo resumido, esta evolución.

FIGURA 1

EVOLUCIÓN DE LOS CIBERATAQUES, Y SU MOTIVACIÓN

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LOS CIBERATAQUES, Y SU MOTIVACIÓN

FUENTE: Elaboración propia.

Los ciberataques más comunes en el momento actual

Aunque la mayoría de los ciberataques tienen por objeto robar datos, provocar una interrupción en un servicio pudiendo pedir dinero a cambio, u obtener directamente dinero, es muy útil conocer cuáles son los tipos de ciberataques más comunes a los que están sometidos en el momento actual las empresas, las instituciones y los particulares. Para ello, acudiremos a dos tipos de fuentes: los organismos públicos especializados y las consultoras expertas. En concreto, el informe de 2024 de ENISA (la Agencia de la UE para la Ciberseguridad); el informe de 2024 de EUROPOL (la Agencia de la UE para la Cooperación Policial); el informe del CCN-CERT sobre ciberamenazas y tendencias de 2023; y los estudios de algunas consultoras especializadas como NTT DATA o HISCOX (ENISA, 2024; EUROPOL, 2024; CCN-CERT, 2023; NTT DATA, 2024a; HISCOX, 2023)2. En todo caso, se trata de estimaciones, muchas basadas en encuestas, ya que, como comentaremos más adelante, no hay datos reales exactos del número de ciberataques.

Todos estos análisis coinciden en que los principales ciberataques, en este momento, son los siguientes:

Aparte de estos tipos de ataques, hay otros dos factores que destacan y deben ser tenidos en cuenta:

Por último, otra cuestión preocupante. Aparte del aumento y variedad de los ciberataques, la edad media del ciberdelincuente es baja, según puso de manifiesto un alto responsable de la División Cibernética del FBI en la importante Conferencia de Seguridad RSA en San Francisco, en mayo de 20243. Cuando la edad media de las personas arrestadas por un delito en los EE UU es de 37 años, la edad media de alguien arrestado por un delito cibernético es de 19 años. Este dato refleja no solo el dinamismo de este tipo de delincuencia, sino también lo que tiene detrás de motivación económica y percepción de impunidad en el entorno de jóvenes, sin trabajo o sin perspectivas profesionales.

3. Los impactos de un ciberataque en la organización

Todos los ciberataques producen un impacto y un coste, dependiendo estos del tipo de ciberataque, de su magnitud y de la motivación que esté detrás del atacante. A su vez, este impacto y este coste no es igual si el que lo sufre es una empresa, una institución privada, la Administración pública o un ciudadano particular. Podemos, por tanto, distinguir entre ellos y destacar los efectos más críticos en cada caso.

El impacto en las empresas

Puede decirse que un ciberataque en una empresa o institución privada tiene los siguientes costes:

El caso de las empresas que operan infraestructuras críticas

Especial es el caso de aquellas empresas, privadas o públicas, que operan infraestructuras críticas, esto es «las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales»5.

En este tipo de empresas e instalaciones, a los costes económicos mencionados en el apartado anterior, que en mayor o menor medida incidan, habría que añadir las implicaciones para el conjunto de la economía del país. Así, y por mencionar solo un sector, podemos referirnos al eléctrico, donde el impacto de un ciberataque puede afectar al suministro de energía a empresas e instituciones en una zona geográfica o puede alterar y perjudicar actividades que están teniendo un gran desarrollo, como la red de carga de los vehículos eléctricos o la domótica en los hogares (Valencia, 2024).

El impacto en las Administraciones públicas

Si dejamos al margen de nuestro análisis, y, por tanto, sin considerar, las implicaciones en materia de defensa y seguridad nacional y nos centramos en los departamentos de las Administraciones que prestan sus servicios y mantienen relaciones directas con las empresas y ciudadanos, tendríamos que referirnos a tres tipos de costes:

4. Una estimación del número de ciberataques y su coste en España

Ante todo, hay que asumir que es muy difícil saber con precisión el coste que suponen los ciberataques en la actividad económica y en las relaciones personales, en un país. Y ello por varios motivos.

En primer lugar, porque, en muchos casos, la víctima del ataque tarda tiempo en darse cuenta de que ha sido atacada. Según las empresas especializadas en protección y detección, el tiempo medio para identificar y contener una brecha con robo de datos está entre los 194 días y los 277 días, un abanico amplio pero que coincide en que el periodo no es pequeño. Así, un ransomware se conoce de inmediato, pero el atacante ha tenido previamente que infiltrarse en el sistema; y en el caso del fraude del CEO y otros ataques de ingeniería social, los ciberdelincuentes dedican mucho tiempo a la preparación previa, accediendo a los correos y comunicaciones de su futura víctima y de su entorno laboral6.

En segundo lugar, las víctimas prefieren dar la mínima información de haber sufrido un ataque, e incluso, en muchos casos, si pueden, no lo denuncian por razones de imagen y para evitar reacciones de clientes o proveedores. Así, según fuentes policiales, solo un 68 % de los ataques de ransomware son denunciados.

En tercer lugar, llegar a identificar los costes no es fácil. Según algunas fuentes basadas en encuestas, «solo un 30 % de las empresas es capaz de calcular de forma objetiva con cierto grado de certeza/veracidad los costes reales derivados del impacto del ataque. El 70 % no dispone de la información y eleva a la Dirección una aproximación» (Deloitte, 2024).

En cuarto lugar, hay multitud de tentativas de ataques que son abortadas por los sistemas de protección de la empresa o institución, no siendo contabilizadas en las cifras de ciberataques. Y, por último, en cada caso el impacto es diferente, dependiendo de la motivación del ataque, su gravedad y el grado de protección que tenía la víctima.

Por ello, no es posible saber con exactitud el número real de ciberataques ni, por tanto, el coste económico que suponen. De ahí que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considere que es un reto el medir adecuadamente en los diferentes países los diversos aspectos de la ciberseguridad (OECD, 2024).

En consecuencia, de momento tenemos que limitarnos a las aproximaciones realizadas por empresas y organismos expertos del sector que, en general, aportan cifras y valoraciones a veces basadas en extrapolaciones de encuestas, variando mucho unas de otras. La normativa vigente a efectos de notificación de incidentes sí establece unos criterios de medición del impacto, clasificándolos en: críticos, de impacto muy alto, alto, medio o bajo. Ciertamente, esta normativa se aplica a servicios esenciales dependientes de las redes, así como a sistemas de información de sectores estratégicos y servicios digitales que sean mercados en línea o servicios de computación en la nube, pero da una idea del tipo de gravedad de los ataques. En la Tabla 1 se recoge el criterio de calificación.

De ellos, los que suscitan más preocupación son los calificados de impacto muy alto y crítico, ya que los otros, si el atacado tiene un nivel de protección adecuado, pueden provocar efectos mínimos.

TABLA 1

CLASIFICACIÓN DE LOS CIBERINCIDENTES POR SU NIVEL DE IMPACTO
(a efectos de su notificación, conforme al Real Decreto 43/2021)

Nivel de impacto

Afectación

Tiempos

Coste

Crítico

  • Seguridad nacional;
  • Potencial peligro para la vida de personas;
  • Infraestructuras críticas;
  • Sistemas calificados secreto;
  • Afecta a más del 90 % de la organización.
  • Interrupción > 8h;
  • Afecta > 35 % usuarios;
  • Resolución requiere > 100 jornadas-persona.
  • Superior al 0,1% del PIB;
  • Extensión supranacional;
  • Daños reputacionales muy elevados;
  • Cobertura continua en medios.

Muy alto

  • Potencial peligro para la vida de personas;
  • Afecta a actividades oficiales;
  • Afecta a un servicio esencial;
  • Sistemas calificados reservado;
  • Afecta a más del 75 % de la organización.
  • Interrupción > 24h;
  • Afecta > 50 % usuarios;
  • Resolución requiere entre 30 y 100 jornadas-persona.
  • Entre el 0,07 y 0,1 % PIB;
  • Extensión > 4 CC AA o Ceuta, Melilla o islas;
  • Daños reputacionales imagen país;
  • Daños reputacionales elevados;
  • Cobertura continua en medios.

Alto

  • Afecta a más del 50 % de la organización.
  • Interrupción > 1h;
  • Afecta > 10 % usuarios;
  • Resolución requiere entre 5 y 30 jornadas-persona.
  • Entre el 0,03 y 0,07 % PIB;
  • Extensión > 3 CC AA;
  • Daños reputacionales de difícil reparación;
  • Amplia cobertura medios afectando reputación terceros.

Medio

  • Afecta a más del 20 % de la organización.
  • Interrupción en servicio > 5 % usuarios;
  • Resolución requiere entre 1 y 30 jornadas-persona.
  • Entre el 0,001 y 0,03 % PIB;
  • Extensión > 2 CC AA;
  • Daños reputacionales apreciables;
  • Eco mediático.

Bajo

  • Afecta a los sistemas de la organización.
  • Interrupción de la prestación de un servicio;
  • Resolución requiere menos de 1 jornada-persona.
  • Entre el 0,0001 y 0,001 % PIB;
  • Extensión > 1 CC AA;
  • Daños reputacionales puntuales;
  • Sin eco mediático.

FUENTE: Elaboración propia, a partir de CCN-CERT (2020), INCIBE (2020a) y del Anexo del Real Decreto 43/2021.

La aproximación global

Como hemos dicho, las aproximaciones varían. La estimación más repetida en la web es la que cifra en torno a los 10.000 millones de euros el coste que suponen los ciberataques en el mundo en 2024 (NTT DATA, 2024b). Una gran subida si la comparamos con los 3.000 millones en 2015. Se estima que supera a la suma del negocio obtenido por las otras grandes actividades ilícitas, el tráfico de drogas, el de armas y el de seres humanos (IT User, 2023). Aunque por número de ataques los más afectados son los países de renta alta, el impacto de los ataques es potencialmente más severo en los países en desarrollo (Vergara, 2024).

En cuanto al costo medio para una empresa, también las estimaciones son diversas. Hay que considerar, además, que no puede ser el mismo coste para una empresa mediana o grande que para una pyme. De hecho, hay estimaciones que ofrecen cifras distintas. Desde aquellas que consideran que el coste para empresas de más de 1.000 empleados llega a los 333.939 euros, y las que tienen de 10 a 49 empleados, hasta los 23.374 euros, a otras que cifran en 80.000 euros el coste de un ataque para una pyme (Data Center Market, 2023; Madariaga, 2024). Pero sea cual sea la que consideremos como más ajustada a la realidad, es evidente que las cifras no son menores.

Una aproximación más ajustada para España

El primer dato que refleja la magnitud del número de ciberataques que se producen en España lo encontramos en el Informe sobre cibercriminalidad en España 2023 elaborado por el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior, 2023)7. En él se recoge que los «hechos conocidos» y registrados en ese año por las fuerzas y cuerpos de seguridad, esto es, denunciados, ascendieron a 472.488. De esa cifra total, que incluye, entre otros, delitos sexuales y de difamación, 427.448 corresponden a fraudes informáticos.

La cifra es muy elevada, habiendo crecido un 19,2 % en 2023 y un 16,1 % en 2022. Pero, hay que hacer dos puntualizaciones: primero, se refiere solo a incidentes denunciados, cuando sabemos que muchos incidentes no se denuncian; segundo, dentro de esa categoría de fraudes informáticos están incluidos todos aquellos «engaños» o «timos» que se hacen con propuestas directas a la víctima sin la operativa de un ciberataque. Y es que, del mismo modo que hace muchos años timos como «el tocomocho» o «la estampita» seguían siendo ejecutados, con éxito, por algunos delincuentes, en la actualidad fraudes como «las cartas nigerianas» o las peticiones de fondos por falsos admiradores o por otros intereses siguen siendo actividades delictivas con un cierto grado de éxito (Galindo, 2022).

Por tanto, si queremos una aproximación más ajustada a la realidad para 2024, haríamos dos cosas: aplicar un porcentaje de aumento igual al año anterior y añadir un pequeño porcentaje de delitos no denunciados. Sabemos que en el caso del ransomware, que suma un 24 % del total de ciberataques, solo se denuncia un 68 % y podemos considerar que del resto de ciberataques se denuncia un 80 % y en otros fraudes, en muchos casos, las víctimas prefieren no dar a conocer que lo han sido. Por tanto, es razonable estimar que el total de fraudes informáticos en 2024 ascienda a cerca de 600.000 (véase Tabla 2).

Para deducir la cifra de ciberataques, que está incluida en esa cifra global, debemos partir de que un «ciberataque», a diferencia de un simple fraude, produce algún tipo de daño informático, al interferir con un «programa» infiltrado las instrucciones que tiene el sistema atacado. A ello, habría que añadir que continuamente se están produciendo ataques que no son percibidos como tales por quien los sufre, siendo consciente o no a veces meses después. Por tanto, si consideramos que el número de ciberataques es algo menor de la mitad del conjunto de fraudes informáticos, esto es, un 48 % de estos, llegaríamos a que en 2024 el número de ciberataques realizados está en torno a los 318.000.

A una cifra muy cercana llegaríamos por otra vía, sumando los ciberataques a las Administraciones públicas, a las infraestructuras críticas y a las empresas y particulares gestionados por los diferentes Centros de Respuesta8.

El INCIBE, que gestiona el INCIBE-CERT, o centro de respuesta para empresas e instituciones (entidades de derecho privado) y particulares, recoge una cifra para 2023 de 83.517 incidentes de ciberseguridad gestionados, de los cuales más de 58.000 afectaron a la ciudadanía (usuarios de internet) y más de 22.000 a las empresas privadas (INCIBE, 2024a). Se trata del número de ataques en los que la víctima ha pedido algún apoyo al INCIBE. Si se suma el número de ataques que no se comunican, que podría suponer unos 20 o 25.000 más, y se suma el crecimiento anual, llegaríamos a unos 130.000 ciberataques en 2024.

En el caso de los operadores de infraestructuras críticas, gestionadas por el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), el mencionado Informe sobre cibercriminalidad en España recoge que se han gestionado 90 incidentes de ciberseguridad en 2023 con niveles de peligrosidad e impacto alto, muy alto o crítico. Teniendo en cuenta que hay también operadores públicos que gestiona el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y que los ataques de impacto bajo, medio y alto son la mayoría, se puede estimar, asumiendo los mismos porcentajes de criticidad que para los incidentes del sector público, que el número total de ciberataques a infraestructuras críticas puede estar en torno a las 1.000 al año.

En el caso del sector público, el CCN-CERT, responsable de la gestión, estima un total de 170.000 para 2024, de los que un 8,4 % aproximadamente serían muy altos y críticos.

En conclusión, sumando las tres cifras llegaríamos a los 300.000, número muy próximo a lo que hemos estimado a partir de los datos de fraudes informáticos. Por tanto, y aunque se trata solo de una aproximación a un orden de magnitud, podemos considerar que en España se producen entre 300.000 y 318.000 ciberataques al año, unos 847 al día, teniendo unos 26.500 un impacto muy alto o crítico. A partir de esas cifras, es razonable pensar que el coste económico directo de estos ciberincidentes, esto es, sin tener en cuenta los costes reputacionales, de posibles demandas legales y los morales, supera sin duda ampliamente los mil millones de euros cada año.

La estimación, tanto del número de ciberataques como de su coste, según la opinión contrastada con algunos expertos del sector, es razonable, aunque puede pecar de prudente.

TABLA 2

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CIBERATAQUES EN ESPAÑA EN 2024

Fuente o hipótesis de estimación

Estimación a partir de datos sobre fraudes

Fraudes informáticos denunciados en 2023.

427.448

M. del Interior.

Fraudes informáticos en 2024.

573.209

Estimación aplicando sobre cifra anterior:

  • incremento anual del 19,2 %;
  • que de ellos un 48 % son ciberataques;
  • que solo se denuncia un 68 % de estos, un 80 % del resto de ciberataques y un 95 % de los fraudes que no son ciberataques.

Ciberataques estimados en 2024 sobre total fraudes informáticos denunciados.

318.522

Estimación con las hipótesis anteriores, cifra redondeada.

Estimación a partir de ciberincidentes gestionados

Ciberincidentes en empresas y particulares 2023.

83.517

INCIBE, incidentes gestionados.

Ciberincidentes en empresas y particulares 2024.

129.935

Estimación aplicando sobre cifra anterior:

  • incremento anual de 19,2 %;
  • que solo se denuncia el 68 % de los ransomware y un 80 % del resto de ciberataques.

Ciberincidentes en infraestructuras críticas 2024.

1.000

Estimación a partir de datos del M. del Interior, aplicando los mismos % de criticidad que para ataques sector público.

Ciberincidentes en sector público en 2024.

170.000

CCN-CERT.

Ciberataques estimados 2024 sobre total ciberincidentes gestionados.

300.042

Estimación con las hipótesis anteriores.

Ciberataques críticos o de muy alto impacto en 2024.

25.979

Estimación 8,66 % del total sumando % sector público y estimación empresas con muy alto impacto.

Número ciberataques al día 2024.

847

Estimación a partir de la cifra anterior.

Coste de los ciberataques en 2024.

> 1.000 mills. €

Solo los 26.000 críticos y de muy alto impacto a un coste medio de 38.500 € ya superarían esa cifra.

FUENTE: Elaboración propia.

Por último, solo cabe añadir que, una vez hecha esta estimación del número de ciberataques y de su impacto y coste, sería interesante analizar en términos coste/beneficio lo que supone el gasto en ciberseguridad. La tarea sería compleja pero poco rigurosa, ya que se basaría en una estimación aproximada de los ciberataques producidos, pero sin considerar los evitados gracias a la protección. Por ello, nos reafirmamos en que, en el mundo actual, el gasto en ciberseguridad no debe considerarse como un gasto más, sino más bien como una inversión que fortalece la actividad ordinaria de la empresa o institución.

5. Cómo se afrontan los riesgos. De mejorar la protección a la ciberresiliencia

Ante este gran aumento y sofisticación de los ciberataques, se ha ido produciendo un cambio a la hora de considerar cómo hacer frente a estas amenazas. De la simple preocupación por mejorar la protección, se ha ido imponiendo un concepto más amplio: la ciberresiliencia.

Mejorar la protección

La mejora de la ciberseguridad, en una empresa o en una institución, implica trabajar en reforzar los tres ámbitos o fases del ciclo de todo ataque o incidencia. Esto es, la protección, la detección y el control del incidente cuando se ha producido y la respuesta y recuperación de la actividad, ya sea empresa o institución. Para conseguirlo, es necesario actuar con la tecnología, los procesos y las personas. Así, es necesario implementar soluciones técnicas y mejoras en la gestión, apoyándolo con una mínima formación a todos los trabajadores, y disponer de información actualizada de los tipos de riesgos y situaciones a los que hay que enfrentarse, como se recoge en la Figura 2.

FIGURA 2

CÓMO MEJORAR LA CIBERSEGURIDAD

FIGURA 2. CÓMO MEJORAR LA CIBERSEGURIDAD

FUENTE: Elaboración propia (Ballestero, 2022, p. 38).

Pero más allá de introducir estos cambios, es obvio que, a medida que mejora la ciberseguridad de las empresas y las instituciones dentro de un país, el nivel de ciberseguridad de este en conjunto mejora. Ahora bien, esa mejora será más robusta y sencilla de lograr en la medida en que las Administraciones públicas y las empresas desarrollen una verdadera y eficaz colaboración público-privada para enfrentarse con más eficacia al reto de los ciberataques.

En todo caso, es evidente que en España se ha producido en estos últimos años una mejora general en el nivel de ciberseguridad. Según los datos del Estudio en el nivel de madurez de ciberseguridad elaborado por la aseguradora AON (2024) con información de más de 3.000 empresas, un 58 % de ellas ha mejorado sus controles de seguridad relacionados con la conectividad remota introduciendo el uso de conexión VPN (red privada virtual), autenticación de doble factor, firewalls, etc.; un 50 % ha mejorado su sistema de configuración y control de contraseñas; y un 12 % ha establecido sistemas de control relacionados con la seguridad de endpoints con antivirus, monitoreo y otros controles.

Por sectores, la banca y seguros son los que tienen un nivel más avanzado de madurez, seguidos de servicios profesionales, científicos y técnicos y sector de las técnologías de la información y de la comunicación (TIC). Los menos maduros son comercio, gestión, recogida y tratamiento de residuos y construcción.

Esta mejora queda claramente reflejada en el Global Cibersecurity Index 2024 elaborado por la ITU (International Telecommunication Union), que valora a España con una altísima puntuación, 20 sobre 20, en cuatro de las cinco categorías para valorar el grado de implementación de ciberseguridad. En la quinta, sobre el desarrollo de capacidades, da un 19,74 (ITU, 2024).

Contratar un seguro de ciberriesgo

El siguiente paso para mejorar la protección de una empresa, reduciendo el coste de un posible ciberataque, es acudir a una entidad aseguradora y contratar una póliza de ciberseguro. De este modo se transfiere y deduce una parte del riesgo.

Aunque desde hace diez años algunas aseguradoras ya ofrecían a sus clientes pólizas para cubrir estos riesgos, como inicio para un mercado que acabaría desarrollándose más tarde, no ha sido hasta después de la pandemia cuando el seguro de ciberriesgo ha empezado a desarrollarse. De hecho, y según la visión del propio sector, «no fue hasta 2020-2021 cuando realmente la concienciación ante el riesgo cíber en las organizaciones fue real» (AON, 2024, p. 57).

En efecto, tras unos años experimentando fluctuaciones con «imprudencias» en algunos riesgos asumidos, según estas mismas fuentes9, el sector asegurador ha alcanzado ya un nivel de estabilidad y madurez con un volumen de primas contratadas que asciende a 170 millones de euros al año, un 25 % de aumento frente al año anterior. Entre comienzos de 2023 y de 2024 han entrado a operar en el mercado español nueve compañías aseguradoras nuevas, compitiendo con las existentes.

Cierto es que la mayoría de las empresas que aseguran el riesgo cíber son aquellas con una facturación superior a los 250 millones de euros anuales, siendo suscritas el 50 % de las pólizas por empresas con más de 1.000 millones de facturación. Pero es un hecho que el mercado va desarrollándose, incidiendo en ello el cambio de visión en materia de responsabilidad. Así, además de cubrir el «daño interno» que puede producir un ciberataque, se va extendiendo la cobertura a la «responsabilidad civil» derivada del robo de datos que la empresa atacada guardaba y custodiaba. En esto ha influido sin duda, «la consideración del Tribunal Supremo de que la obligación de adoptar medidas de protección no es una obligación de resultado sino de medios», esto es, la obligación es el adoptar los medios tecnológicos adecuados para la protección del dato, por lo que la responsabilidad en caso de vulneración no es automática, sino que dependerá de si se adoptaron o no medidas adecuadas (AON, 2024, p. 28).

Mejorar la ciberresiliencia

Pero la complejidad y sofisticación de los ciberataques, así como su aumento creciente, ha ido llevando a un cambio cualitativo a la hora de hacer frente a estas situaciones. Y es que, como muy bien afirma el INCIBE, «en un mundo global y digitalizado ya no tiene sentido construir fortalezas inexpugnables, en su lugar se ha de desarrollar la capacidad para anticiparse a las amenazas, absorber los impactos de los ataques, y responder de forma rápida y flexible para asegurar que los sistemas clave pueden continuar con la actividad normal» (INCIBE, 2020b).

Esta visión ha ido plasmándose en la idea de ciberresiliencia, concepto surgido a comienzos de los años 2000, pero que empezó a generalizarse tras el impacto de la pandemia de COVID-19. La ciberresiliencia, según el INCIBE, se define como «la capacidad de un proceso, negocio, organización o nación para anticipar, resistir, recuperarse y evolucionar para mejorar sus capacidades de sobreponerse ante condiciones adversas, estrés o ataques a los recursos cibernéticos que necesita para funcionar».

Esto ha llevado a identificar y concretar indicadores que permitan hacer una cierta medición del grado de ciberresiliencia de una entidad o de un país. En esta línea, el propio INCIBE recoge en su web un modelo de Indicadores para la Medición de la Ciberresiliencia (IMC) que incluye 46 indicadores dentro de las diferentes fases del ciclo de ciberseguridad al que antes nos referíamos. Quedan resumidos en la Figura 3.

FIGURA 3

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA CIBERRESILIENCIA (IMC)

FIGURA 3. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA CIBERRESILIENCIA (IMC)

FUENTE: INCIBE (2020b).

Con esa visión, algunas consultoras especializadas ofrecen ya sus servicios para ayudar a identificar el grado de ciberresiliencia y cómo mejorarla. Por su parte, las compañías de seguros, a la hora de contratar una prima, ya no se limitan a un mero cuestionario sobre medidas de protección, como hacían hace años, sino que valoran con detalle la ciberresiliencia de la empresa o entidad.

Incluso a nivel global de país, y para valorar la prima de riesgo soberano, entidades como Standard & Poor’s han incorporado para la valoración del rating crediticio el nivel de ciberresiliencia. Como claramente señala, «la creciente frecuencia de ataques cibernéticos y el potencial de un rápido deterioro de los perfiles crediticios después de un ataque son factores de riesgo que son relevantes para nuestras evaluaciones de calificación» (Standard & Poor’s Global, 2025).

El efecto de los cambios normativos que vienen

Hay que decir que el marco normativo en materia de ciberseguridad en España, a finales de 2024, es claro y muy completo. La normativa de protección de datos, la regulación de las infraestructuras críticas y las normas que regulan las redes y servicios digitales, derivadas de la transposición de la Directiva NIS10, configuran un marco legal definido. A su vez, tenemos un marco institucional operativo en el que INCIBE, CNPIC, OCC, CCN y DSN (Departamento de Seguridad Nacional), cada uno con sus competencias específicas, juegan un papel clave11.

Pero en los próximos meses van a incorporarse una serie de cambios o nuevas disposiciones que hay que tener en cuenta, ya que van a afectar a las obligaciones en materia de protección. En concreto, hay que destacar los siguientes:

A todo ello, podrían añadirse otras iniciativas nacionales que acaben materializándose en nuevas obligaciones o requisitos. Pero dicho esto, hay que concluir que, teniendo en cuenta el marco actual, todas estas nuevas disposiciones lo van a reforzar, pero no lo van a alterar sustancialmente.

6. Reflexiones finales

Hemos dicho que los ciberdelincuentes han ido también adaptándose a la transformación digital, innovando continuamente, para aumentar su rentabilidad, y que, aunque el nivel de protección ha ido en general mejorando mucho en España, la cifra de ciberataques puede situarse entre los 300.000 y 318.000 al año, de los que unos 26.000 pueden considerarse de impacto crítico o muy alto. A esta cifra se añadirían otros fraudes informáticos que no pueden considerarse ciberataques, pero que tienen por objeto estafar, engañar u obtener datos. En muchos casos la información obtenida puede utilizarse para posteriores ciberataques.

En cuanto a los costes que generan, considerando solo los costes económicos directos, esto es, sin incluir los reputacionales, los posibles legales por demandas y los morales, superan ampliamente la cifra de mil millones de euros.

También hemos subrayado que el ecosistema de ciberseguridad en España es muy completo, aunque se incorporarán en breve nuevas disposiciones, y funciona con eficacia. La valoración dada por la International Telecommunication Union en el Global Security Index 2024 es prueba de ello.

Llegados a este punto, podemos preguntarnos cuáles son las tendencias esperadas para los próximos años. La respuesta es muy clara.

Y es que conseguir que en España se lleve a cabo una transformación digital avanzada y eficiente es un verdadero reto colectivo. Pero ello no podrá lograrse sin asegurar en paralelo un alto grado de confianza en el uso de la tecnología.

Referencias bibliográficas

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  1. 1. Una puntualización. Aunque el término hacker se refiere generalmente a la persona que se introduce en el software de un ordenador ajeno, de modo clandestino, no todos los hackers son «malos» y lo hacen con un interés económico ilícito o político. Están también los llamados «hackers buenos», cuyo interés es detectar vulnerabilidades en programas y sistemas para que después puedan ser «parcheadas» o corregidas evitando así intrusiones ilícitas. Hoy día, hay empresas especializadas en esa actividad, las bounties, cuyo objetivo es detectar y corregir, prestando esos servicios.

  2. 2. En el apartado de referencias bibliográficas se citan otros informes también tenidos en cuenta.

  3. 3. RSA Conference, San Francisco, del 6 al 9 de mayo de 2024.

  4. 4. En España, y en toda la UE, hay una normativa clara vigente que obliga a ambas cosas: un nivel de protección y tener que comunicar cuando se produce un incidente.

  5. 5. Artículo 2. e) de la Ley 8/2011 por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, BOE de 29 de abril de 2011. Años más tarde, Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, que traspuso la Directiva (UE) 2016/1148, conocida como NIS, que establecía las obligaciones que deben cumplir estas empresas en esta materia.

  6. 6. El dato de 277 días es de IBM Security, The Cost of a Data Breach Report 2023, citado por ENISA (2024, p. 71). Por su parte, Cybersecurity Ventures (2024) habla de 194 días.

  7. 7. En los datos, «computa la ciberdelincuencia conocida y registrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se aúnan en este tipo de informe los datos de los cuerpos policiales del territorio nacional (Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y Cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad)», pág. 5.

  8. 8. Para ver la organización de los Centros de Respuesta en España, véase Ballestero (2022, pp. 41-43).

  9. 9. Según el propio informe de AON, en la misma pág. 57, «Aquellas organizaciones que contrataron póliza de seguro antes del periodo de pandemia, cuando todavía las aseguradoras no analizaban las medidas de seguridad de manera tan exigente, se beneficiaron de condiciones competitivas en términos de cobertura y coste de la póliza, y aquellos que además tuvieron que vivir la experiencia de tener que gestionar un incidente de impacto pudieron comprobar lo rentable de la cobertura comparado con el pago de la prima, ya que, en la mayoría de los casos, el importe de la prima no llegaba ni para hacer frente a los honorarios de los expertos de informática forense».

  10. 10. En concreto, el Reglamento 679/2016 de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, y la Directiva NIS, o Directiva 2016/1148, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de la Unión, transpuesta por Real Decreto-ley 12/2018 y otras normas de desarrollo.

  11. 11. Para una descripción del marco institucional, véase Ballestero (2022, p. 40 y sigs.).